Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2019
Al participar en el foro nacional “Enfrentando la violencia política contra las mujeres para garantizar la #ParidadEnTodo”, la Consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Gabriela Williams Salazar expuso que es necesario contar con una legislación en la materia que se armonice de manera sistemática y transversal en los diversos ordenamientos jurídicos, debido a que la violencia en contra de las mujeres es un fenómeno arraigado en la vida pública y privada de la sociedad, que implica afectaciones psicológicas, simbólicas, laborales y económicas, entre otras, que obstaculizan la consolidación del proceso democratizador.
En su ponencia durante el foro organizado por la Fiscalía Electoral, reflexionó sobre la importancia de legislar en torno a la violencia política en contra de las mujeres, derivado de la exigencia de incluir principios jurídicos, clarificar y otorgar certeza a la descripción de los elementos configurativos de dicha conducta, con el objeto de inhibirlas desde múltiples instancias.
Para ello, propuso retomar la práctica jurídica internacional, concretamente, lo relativo a los parámetros incluidos en la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, y consecuentemente fortalecer la inclusión de las mujeres en los asuntos públicos y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, a partir de diferenciar los elementos constitutivos de las infracciones administrativas de los configurativos del tipo penal, así como la competencia de las respectivas autoridades.
Partiendo de esa base, propuso reconocer la existencia de diferentes momentos en los cuales se ejerce la violencia política en contra de las mujeres, pues esta, se puede actualizar en funciones de un cargo público o durante una contienda electoral.
En ese contexto, sostuvo que la coyuntura actual resulta oportuna para rediseñar el catálogo de conductas sancionables, así como establecer obligaciones para los institutos políticos, las autoridades del Estado mexicano y las candidaturas, y construir así, los escenarios que permitan garantizar el trato en igualdad de condiciones durante los comicios.
Respecto a las posibles sanciones que se impongan cuando se acrediten las conductas, la Consejera del IECM propuso la inhabilitación para contender a un cargo o puesto de elección popular hasta por dos procesos electorales; la inhabilitación del cargo en el supuesto de que la persona agresora sea funcionaria pública; la reparación del daño que incluya la no repetición de los actos y la implementación de medidas reeducativas, la cual, es coincidente con la política pública nacional.
Junto con la Consejera Electoral, en la mesa celebrada en la Casa de Cultura Jaime Sabines, participaron también como ponentes Mariela Quintanar, Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Esther Pinelo López, Fiscal Electoral en Oaxaca, y la Especialista Teresa Hevia Rocha.
Boletín de Prensa IECM-UTCSyD/176
