Ciudad de México, a 16 de julio de 2020
Con el objetivo de analizar escenarios políticos que permitan lograr avances reglamentarios y buenas prácticas para el pleno goce de los derechos político-electorales de la ciudadanía, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizó el noveno Conversatorio virtual “Democracia incluyente y elecciones: reconceptualizando la diversidad”.
Con la participación de expertos nacionales e internacionales, el Consejero Electoral del IECM, Yuri Gabriel Beltrán Miranda, señaló que el concepto de democracia electoral, tal y como es concebida en los tratados y parámetros en todo el mundo, contiene la categoría de la inclusión, lo que aporta al voto universal, libre y auténtico. Mencionó la importancia de garantizar el voto universal, tanto para las personas con discapacidad como para los mexicanos en el extranjero. Recordó que el IECM y el COPRED, elaboraron el primer protocolo de atención en México para garantizar el derecho al sufragio de las personas trans, el cual se convirtió después en el insumo clave para un protocolo de alcances mayores, que fue aprobado por el Consejo General del INE para la elección de 2018.
En su intervención, el Consejero Electoral Mauricio Huesca Rodríguez, quien fungió como comentarista, expuso que en la diversidad existen muchas categorías que subdividen en estratos una expresión social determinada, ya sea un grupo de atención prioritaria basado en su religión, en su estatus migratorio, de su grupo etario, o de su identidad de género, lo cual tiene una multidimensión de variantes. Consideró que todos los grupos de atención prioritaria se deben medir a partir de las condiciones que los vuelven vulnerables y ser conscientes que éstas cambian dependiendo del contexto social en el que viven.
En su ponencia, el consultor internacional y experto en elecciones, Dong Nguyen Huu, consideró que en el mundo electoral hay dos cosas importantes, la primera es que hay una regla fundamental y ésta es la igualdad, en donde todos somos ciudadanos con los mismos derechos; y la segunda, es que hay una serie de reglas y procedimientos para que el voto sea auténtico e integral y, en los casos donde las elecciones dividen a la ciudadanía, son las mismas reglas y procedimientos las que consiguen la unificación del pueblo después de la contienda electoral.
Refirió que si aceptamos que existen diferentes tipos de pueblos, estaremos entrando en la práctica de democracia inclusiva, en donde el principio de pluralismo es un principio constitutivo y concesionado. De igual forma, agregó que se debe examinar y discutir de manera profunda el papel de instituciones imparciales como son las electorales, pues la legitimidad de sus consejeras y consejeros se basa en los resultados de su función.
Por su parte, la directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA e integrante de la Red de Politólogas, Betilde Muñoz-Pogossian, indicó que en las Américas se constatan y repiten permanentemente asimetrías y desigualdades en el acceso y goce pleno de los derechos de gran parte de la ciudadanía en el ámbito social y económico, replicadas en lo político y público.
Sobre los derechos políticos electorales, reconoció que existe discriminación, en la que ciertos grupos de personas no gozan de igualdad de condiciones, dando como resultado una democracia imperfecta, al no ser del todo incluyente. “Todas las personas deben gozar de igualdad y de los mismos derechos ante la ley, el reto mayor es traducir esa igualdad sustantiva en la cotidianidad de las personas para que puedan disfrutar de todos los derechos y eso es a lo que debe aspirar cualquier régimen democrático”, expuso.
Finalmente, la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), Geraldina González de la Vega Hernández, explicó que cuando se habla de democracia incluyente no sólo se habla del paradigma a través del cual se organizan las elecciones y todas las personas votan, dijo que el ejercicio del voto debe ser efectivo, pero se deben plasmar condiciones generales de igualdad.
Agregó que “un Estado que se predica como democrático debe garantizar los principios en los que se sostiene la igualdad y la libertad, y para ello se requiere que los grupos de atención prioritaria no solamente sean reconocidos, sino que tengan posibilidades de participar y ser representados a través del sufragio, pues de otra forma estamos ante una vulneración al derecho de participación política”.
Boletín de prensa UTCSyD-115