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Presencia de mujeres en la toma de decisiones, incrementa la violencia y discriminación en razón de género: Consejera Gabriela Williams Salazar

Nota del día

“Las expresiones violencia contra las mujeres en política se han visibilizado e incrementado a raíz de la implementación de acciones afirmativas y, posteriormente, del reconocimiento de la paridad como un principio constitucional. Si bien hay una mayor presencia de mujeres en la toma de decisiones públicas de la ciudad, es cierto que esto ha traído consigo consecuencias negativas  como esta violencia y discriminación por razones de género”.

Así lo señaló la Consejera Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Gabriela Williams Salazar, durante la realización del Foro: “Los Derechos Humanos de las mujeres frente al 2020”, en el marco del 4º aniversario de “Las Constituyentes Feministas CDMX”.

Durante el encuentro realizado en la Cámara de Diputados, la Consejera del IECM expuso que la violencia contra las mujeres en política se puede expresar en los tipos ya reconocidos en la ley: física, económica, sexual y psicoemocional, entre otros. De ahí que sus manifestaciones  se presenten de manera múltiple y simultánea.

Consideró que ser mujer en política implica desafiar una serie de obstáculos y resistencias, pues, aseguró, quienes buscan un cargo de representación pública son objeto de expresiones de violencia, incluso antes de tomar dicha decisión.

Sostuvo que cuando las mujeres logran ser candidatas, ya sea por la vía partidista o independiente, sufren manifestaciones de violencia durante la contienda. Además, refirió que las expresiones de violencia y discriminación contra las mujeres, se incrementan en el momento del ejercicio del cargo.

En este sentido, Williams Salazar indicó que es necesario enfatizar  cómo las mujeres viven la violencia en cada uno de los momentos  de su trayectoria política en ánimos  de fortalecer los mecanismos y acciones institucionales para su prevención, atención, sanción y erradicación.

Al respecto, informó que desde los Organismos Públicos Electorales Locales se han diseñado e implementado diversas herramientas, algunas de ellas en sintonía con el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo la publicación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres (2016 y 2017) y sus homólogos a nivel estatal.

Otro de los mecanismos implementados son los “Observatorios de Participación Política de la Mujeres” y la “Red de comunicación entre las candidatas a cargos de elección popular u organismos públicos locales para prevenir y/o dar seguimiento a casos de violencia política de género”.

Finalmente, expuso que los grandes retos en el tratamiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género son: revisar y ajustar el Marco normativo, pues si bien las leyes ya contemplan diversas sanciones a los casos de violencia, éstas no han podido ser implementadas integralmente; además, se deben conocer puntualmente los datos estadísticos y cifras oficiales de actos de violencia para dimensionar el problema y con ello, evaluar el alcance y efectos de las políticas y mecanismos.

También, se requiere estipular de manera precisa cuáles son las expresiones de violencia y discriminación contra las mujeres que constituyen delitos, así como buscar la capacitación permanente a las autoridades competentes.

En la mesa de discusión, la Consejera Electoral estuvo acompañada por la integrante de la Red de Ciudadanos en México, Edith Pacheco; la Feminista y activista por los derechos políticos de las mujeres y la paridad, Beatriz Cosio Nava; la diputada del Grupo Parlamentario del PRI, Ana Lilia Herrera; y la diputada del Grupo Parlamentario del PRD, Guadalupe Almaguer Pardo.

Durante el Foro se abordaron temas como Participación política y violencia política por razones de género; vulneración del Estado laico; derecho al cuidado digno y al tiempo propio; y Protección de las infancias y Política de migración.

Además, Violencia feminicida; Abolición de la explotación sexual y la trata de personas; Presupuestos y políticas públicas; Código Penal único / Reforma judicial; y Amenazas a la Democracia y al Estado de Derecho.

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